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El miércoles 30 de junio de 2010, luego de varios meses de secuestradas las cámaras legislativas por el Partido Nuevo Progresista y sustraído el Pueblo del Parlamento, los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico llegaron decididos a rescatar este recinto, símbolo por excelencia de la democracia. La actividad convocada era pacífica y se anunció con anticipación. Todo estaba a su favor. La Constitución, Art. III, Sec. 11, preceptúa que “las sesiones de la cámaras serán públicas”. El mandato es tajante. No admite excepción. De otra parte, les cobijaba el derecho a la libre expresión, de asociación y a solicitar reparación de agravios contra el gobierno. (Art. II, Sec. 4 de la Constitución). La Policía venía obligada a hacer cumplir la ley y el mandato constitucional, toda vez que este “organismo civil de orden público” se creó “para observar y procurar la más absoluta protección de los derechos civiles del ciudadano”. (25 L.P.R.A., Sec. 3102).
A ello, se suma la admonición de que:
“Permitir que el gobierno maneje los asuntos públicos bajo el manto de la secretividad es invitar a la arbitrariedad, la mala administración, la indiferencia pública y la corrupción. Una ciudadanía alerta y militante contra estos males potenciales de toda maquinaria gubernamental sólo puede realizar su función fiscalizadora si tiene a la mano la información que le permita descubrir a tiempo los focos de peligro y exigir responsabilidades. Privarle de esta información equivale a producirle una parálisis colectiva agravada por la miopía cívica de quien conoce a medias o desconoce por completo las actuaciones de su gobierno.
Un segundo principio inherente a toda concepción democrática es el de la participación. Pero para que la participación sea inteligente ha de estar fundada en un constante flujo de información al público y en la posibilidad de acceso a cuanta sea necesaria para el ejercicio responsable del derecho y el deber de cada persona de tomar parte en los asuntos que le conciernen”. (Enfásis suplido). E. Rivera Ramos, La Libertad de Información: Necesidad de su Reglamentación en Puerto Rico, XLIV Rev. Jur. U.P.R. Núms. 1-2, págs. 67-69 (1975); Soto v. Secretario de Justicia, 112 D.P.R. 477, 486 (1982).
Pero, el mundo “resultó al revés” como señaló una vez Eduardo Galeano. Los estudiantes, público, civiles, ciudadanos y prensa fueron emboscados a su arribo al Capitolio, siendo víctimas de una brutal agresión por parte de la Policía regular, la Fuerza de Choque y fuerzas especiales movilizadas en concierto para violar sus derechos humanos. El escenario era grotesco y repulsivo. Uso indiscriminado del roten, armas, gases, químicos, las agresiones se perpetraban a mansalva, a mujeres, ancianos y personas indefensas. No había margen para diálogo ni había distinción respecto a quién se agredía o blandía el ataque. El país estaba estremecido por el régimen de terror policial mostrado por las cámaras televisivas.
Estamos ante el mismo Estado que admitió haber llevado a cabo sistemáticamente una práctica inconstitucional y aborrecible que se remonta a varias décadas, de fichar, identificar, perseguir, mantener un registro e infiltrar la vida privada y pública de miles de puertorriqueños por el solo hecho de sus ideas políticas. El aparato estatal escaló la represión a través de la fabricación de casos, la infiltración de agentes, la agresión física, psicológica y otras técnicas contra los partidos políticos, las uniones obreras, su liderato, al hombre común y corriente, a profesionales, organizaciones cívicas, feministas, estudiantes, religiosos y a cualquier ser humano que disintió o expresó una idea contraria al gobierno. (Véase: Informe y Apéndice: Discrimen y Persecución por Razón de Ideas Políticas: La práctica Gubernamental de Mantener Listas, Ficheros y Expedientes de ciudadanos por razón de su Ideología Política, Comisión de Derechos Civiles, 1ro. de Febrero de 1989).
Tampoco debe olvidarse que el asesinato político formó parte de la agenda de persecución política del Estado a través de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico. Las muertes de Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví —vilmente asesinados— luego de rendirse a las autoridades, en una emboscada planificada por la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico y las altas esferas del gobierno, atestiguan el alto precio que han pagado las víctimas en este vía crucis de los derechos civiles. (En torno a las controversias judiciales relacionadas con el asesinato de estos dos jóvenes independentistas, In re Colton Foltán y otros, 119 D.P.R. 417 (1987); Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986); Pueblo v. Pérez Casillas, 117 D.P.R. 380 (1986); Pueblo v. González Malavé, 116 D.P.R. 578 (1985); Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115 D.P.R. 368 (1984); Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114 D.P.R. 576 (1983); Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982)).
Los tiempos continúan siendo difíciles. Las democracias liberales han abandonado su compromiso con los derechos humanos e intensificado un discurso de represión contra los disidentes, los que promueven la justicia y el cambio social, las comunidades pobres y sectores marginados de la población.
Como firmes creyentes en los derechos humanos, la democracia y la justicia social, nos preocupa sobremanera la tendencia judicial puertorriqueña y norteamericana en las últimas tres décadas de estrechar las fronteras de la Constitución en tiempos de crisis social. En ese proceso las garantías individuales del ciudadano frente al Estado han sufrido intensa disminución. Somos herederos de la época de los arrestos –detención y cacheo– sin motivo fundado, de registros sin orden llevados a cabo de “buena fe”, de castigos y sistemas carcelarios crueles e inusitados, del enjuiciamiento y trato a menores como adultos y de la interpretación “pragmática” de los derechos reconocidos por la Ley o la Constitución, consistente más bien con la visión de un estado policíaco.
En el Informe de la Comisión Para el Estudio del Desarrollo Constitucional de Puerto Rico, “La Urgencia de Reformar la Policía para Proteger la Democracia”, Suplemento Factum, abril-1984, se indica lo siguiente:
“En una dictadura, la policía opera como un instrumento del Estado para el fortalecimiento del poder y de la ideología que lo sustenta. La Ley se reduce a otro instrumento útil, pero respetable, sólo en la medida que no conflija con los objetivos autoritarios del Estado...”.
Lo que nos obliga a preguntarnos: Si los ‘problemas sociales’ constituyen el norte de la interpretación de la Ley y los derechos constitucionales de los ciudadanos, ¿dónde queda el principio de legalidad? No es un accidente que el Tribunal Supremo de Estados Unidos se haya convertido durante los últimos treinta (30) años en uno de los órganos represores más insensibles de la sociedad norteamericana. La convalidación de la pena de muerte y atentado al derecho a la intimidad de la mujer, por sólo mencionar dos instancias, proyectan una judicatura que dista mucho de ser árbitro entre el Estado y los ciudadanos afectados. La trayectoria seguida por los tribunales puertorriqueños también soslaya importantes principios de índole constitucional, de interpretación estatutaria y de política pública, que resultan en un retroceso histórico de los valores que se alegó dieron vida a nuestro ordenamiento. La afirmación y toma de conciencia de que nuestra Constitución se inspiró y nutre en la Declaración Universal de Derechos del ser humano, ha pasado a ser una frase hueca y vacía -producto de un pasado lejano- al momento de decidir las controversias sociales y sobre derechos de los ciudadanos afectados.
Afianzado el comienzo de un nuevo siglo, la represión en las sociedades liberales se incrementa y el régimen constitucional y civil no disimula su condición de Estado-Policial bajo la teoría de defensa social. La protección de la propiedad domina la escena pública. Los derechos humanos y civiles ceden su espacio al discurso gubernamental sobre la “seguridad social”. La persecución de sectores sociales marginados, su encarcelamiento y ejecución, se consuman como parte de la agenda política y publicitaria de los gobiernos de turno. El fortalecimiento del aparato de policía, equipo y aditamentos para su intervención, complementa la ofensiva del Estado.
Parecería que las condiciones sociales no son las más favorables para reclamar la protección de los derechos humanos. Ninguna de las instituciones formales de la sociedad civil —particularmente los partidos políticos— ha asumido la defensa de los derechos sociales, políticos, económicos, civiles y consustanciales a la dignidad de los seres humanos que encarnan nuestro pueblo. En el sistema de alianzas para gobernar y ascender al poder, no encontramos un discurso y acción política comprometidos con el ambiente y protección de la salud de las comunidades, con los derechos sociales y políticos de la mujer, no encontramos un reconocimiento del derecho al trabajo de los trabajadores y trabajadoras, seriamente amenazado en este momento por la llamada privatización, no se reconoce la urgente necesidad de acabar la comercialización de la salud, la vivienda y la educación como instrumentos básicos del derecho a la vida de los seres humanos.
Cada día que pasa nos convencemos que son las iniciativas del Pueblo, libre de la influencia y conflictos de intereses que suscitan las estructuras que funcionan a base de salarios, prebendas y beneficios, el instrumento más completo y efectivo para sus reivindicaciones reales e inmediatas. Ya es hora de expandir y fortalecer esas iniciativas. Los caminos de la esperanza y la justicia se construyen cuando los seres humanos explotados salen a la calle a protagonizar la historia, a exponer sus necesidades, a buscar soluciones y a rehacer el cuerpo social.
El Comité Negociador Nacional de Estudiantes de la UPR, entre otros, es un digno ejemplo de ese Pueblo organizado para la defensa de los derechos humanos. Los que somos representados por su mensaje, trabajo y ejecutorias sentimos profundo orgullo de ser puertorriqueños y participar de su visión de respeto a la personalidad humana.
Al evaluar los actos de represión y persecución desatados por el Estado contra los estudiantes, evocamos el manifiesto de Bertold Brecht “Cinco Dificultades para Escribir la Verdad en Tiempos de Opresión” circulado clandestinamente en la Alemania nazi en 1935. Luis Rafael Sánchez, en su publicación No Llores por Nosotros, Puerto Rico, (pág. 147), consigna y abrevia los talentos y las aptitudes —según la opinión de Bretcht— con que se superan estas dificultades: a) el coraje para decir la verdad; b) la inteligencia para reconocerla; c) el arte para tornarla en arma; d) el criterio para elegir las manos que la harán eficaz; e) la astucia para difundirla. Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico constituyen un vivo ejemplo de esas cinco inteligencias. En momentos en que algunas de las estructuras de la sociedad civil guardan silencio denotando indolencia manifiesta, estos jóvenes alzan su voz y defienden los derechos del Pueblo a todo precio. Resulta lógico que la administración de Fortuño —una de las más abusivas y antiobreras de la historia moderna— en la etapa en que ha perdido el favor público, enfile los cañones de la gran mafia corporativa del P.N.P. a sus “enemigos”, esto es, a quienes enfrentan sus prácticas represivas, discriminatorias e ilegales.
Claridad sabe por experiencia propia de qué se trata: “Quienes no recuerdan el pasado están condenados a volver a vivirlo”. A lo largo de sus 50 años de vida, Claridad ha enfrentado ataques armados, colocación de explosivos en sus instalaciones, ataques y agresiones a su personal, que incluye una lista de heridos y perjudicados, confección de carpetas a sus anunciantes y periodistas, vigilancia e interceptación telefónica, entre otras.
Como antecedentes históricos de persecución y hostigamiento político, en Francia, véase Stefan Zweig, Fouché, el genio tenebroso, Ed. Juventud, Barcelona, España, 1956., y en Alemania, E. K. Bramstedt, Dictatorship and Political Police -The Technique of Control by Fear, Oxford University Press, New York, 1945, pág. 51 et seq., para una reflexión de las prácticas del “control por el miedo de la represión política se convirtió en herramienta preferida y eficaz para la incautación definitiva del poder” implantados por el nacional-socialismo.
Con plena conciencia histórica, nos unimos a las expresiones de solidaridad hacia los estudiantes, de todos los sectores del Pueblo de Puerto Rico, manifestadas en el curso de esta semana. Nuestra juventud ha sostenido la verdad en momentos difíciles sin temor a la soledad y a la persecución. De sus lecciones todos hemos aprendido. Nuestro Pueblo tiene una inmensa deuda de gratitud con sus estudiantes.
*El autor es un destacado abogado, que formó parte del equipo de defensa de los estudiantes universitarios huelguistas de la Universidad Puerto Rico.
Tomado de Claridad
